OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incorporados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fueron aprobados el 25 de setiembre de 2015 por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas.

Costa Rica asumió este compromiso internacional con el objetivo de luchar contra la pobreza y la desigualdad, proteger el planeta, promover la educación, la salud y fomentar la justicia; para asegurar la prosperidad para todos y todas como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.

El 09 de setiembre de 2016, el Poder Judicial como parte del Estado Costarricense, se comprometió públicamente en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, mediante la suscripción del “Pacto Nacional por el avance de los ODS en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica”, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión Nº 86-16 celebrada el 14 de setiembre de 2016, Artículo LXXV.

El Pacto Nacional constituye un hito mundial donde Costa Rica, se convierte en el primer país comprometido con los ODS al más alto nivel y con representación de los tres Poderes de la República, instituciones autónomas, sociedad civil, universidades públicas y el sector privado nacional, asumiendo un rol activo para alcanzar sus objetivos y metas.  

La estructura de gobernanza de los ODS se estableció mediante Decreto Ejecutivo No. 402003-PLAN-RE-MINAE del 15 de febrero de 2017, según se muestra en gráfico de seguido:Avance en la implementación de los ODS en el Poder Judicial

  

El Poder Judicial ante el compromiso de avanzar en el cumplimiento de los ODS ha realizado desde julio de 2016, la rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre las iniciativas, proyectos y programas para el acceso a la justicia de todas las personas, y que además, se alinean a los ODS.   Así se ha demostrado en los dos informes que se han rendido el 12 de julio del 2017 y el pasado 10 de julio de 2018.


En su misión de garantizar el acceso a la justicia a todas las personas sin ningún tipo de discriminación, se brinda un servicio público de acuerdo a las necesidades y especificidades de las personas, orientado al desarrollo sostenible, la construcción de la paz y las aspiraciones de una democracia inclusiva.

 

La Institución reconoce expresamente la primacía del ser humano como eje del servicio público, cuya visión desde hace varios años motiva a impulsar iniciativas a favor de todas las personas, algunos ejemplos son:

 

1.   Implementación de reformas, como la Procesal Laboral y la Procesal Civil, para asegurar una atención con mayor celeridad y seguridad jurídica.

2.   La política para facilitar el acceso a la justicia a todas las personas, particularmente a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

3.   La política de Justicia abierta basada en los principios de transparencia, participación y colaboración, con el fin de garantizar el Estado de Derecho y promover la paz.

4.   Ampliación de los canales de participación ciudadana para que la administración de la justicia responda a las necesidades de la población.

5.   El Programa de Facilitadores Judiciales, iniciado en 2013, que acerca la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad.

6.   La creación de la Comisión de Género y la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, para impulsar acciones concretas en estas áreas; entre otras.

 

En este sentido, el quehacer institucional no es ajeno a lo establecido en la Agenda 2030 y por esta razón, se ha facilitado el avance en el cumplimiento de este compromiso nacional e internacional, que cuenta con el respaldo al más alto nivel jerárquico, al declarar los ODS de interés institucional y al suscribir la “Carta de Compromiso Institucional por los ODS” por parte de representantes de la Corte Plena, Consejo Superior, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y la Escuela Judicial.

 

La visión y experiencia que ha tenido el Poder Judicial, ha sido compartido en foros internacionales como la Cumbre Judicial Iberoamericana, el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe y en foros de cooperación en materia de justicia de la Unión Europea.


Este es un proceso de alineación, apropiación y armonización de los ODS con el quehacer institucional, que se está llevando a cabo por medio de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).

 

La institución tiene aún retos que atender, especialmente en lo que corresponde a indicadores globales, para de esta manera informar a la ciudadanía sobre los avances cuantitativos y cualitativos que está realizando.


 

 

 

 

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